Normatividad en bioseguridad_______________________________________ Recuadro IV.8.5

Como elemento central de la bioseguridad está la adopción de medidas para la protección a la salud y al ambiente, derivadas del manejo y liberación de organismos genéticamente modificados. Precisamente, la normatividad jurídica se aplica principalmente en los rubros de salud -humana, animal y vegetal- y ambiente.

La propia Cibiogem, a través de las seis Secretarías de Estado, integrantes de la misma, y del Conacyt, aplican ciertas normas jurídicas relacionadas con bioseguridad, que principalmente se refieren a la Sagarpa, Semarnat y SSA.

Las normas relativas al rubro de salud, primordialmente se encuentran previstas en la Ley General de Salud, en cuatro de sus reglamentos (Investigación para la Salud, Insumos para la Salud, Control Sanitario de Productos y Servicios, y Publicidad), en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y en la NOM-FITO-056. Por lo que respecta a la protección al ambiente, las normas jurídicas relativas se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su reglamento en materia de impacto ambiental.

Por lo que respecta a las otras tres Secretarías de Estado que conforman a la Cibiogem (Hacienda y Crédito Público, Economía y Educación Pública), es importante precisar que no aplican normatividad específica en materia de bioseguridad, aunque sí lo hacen en cuanto a disposiciones que regulan aspectos relacionados con bioseguridad, directa e indirectamente.

En este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplica normatividad relacionada con el control sobre movimientos transfronterizos de bienes (importación y exportación), aduanas, imposición tributaria (impuestos) y asistencia financiera, entre otros.

La Secretaría de Economía hace lo correspondiente sobre normas jurídicas relacionadas con el comercio exterior, políticas comerciales nacionales e internacionales, colocación en el mercado de bienes y tratados comerciales internacionales, mientras que uno de los órganos gubernamentales sectorizados a esta dependencia (Instituto Mexicano de la Protección Industrial), regula la propiedad industrial, y otro protege los derechos de los consumidores (Profeco).

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública indirectamente también se vincula con la bioseguridad al aplicar normas jurídicas vinculadas con la elaboración de políticas educativas nacionales a prácticamente todos los niveles, investigación y divulgación educativa y científica -junto con Conacyt-, entre otros.

Fuente: Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, México, 2002.

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