El programa que más impacto ha tenido en términos de la superficie incorporada es el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva (Piasre), que desde su creación hasta 2001, reconvirtió 421 mil hectáreas a usos agroforestales. La superficie incorporada por estos programas creció notablemente en los últimos años hasta alcanzar un máximo histórico en 2000 (218 781 hectáreas), después de ese año los esfuerzos se han reducido (Figura 3.39, Cuadro III.3.4.1).

Tomando en cuenta la magniud de la degradación del suelo en México es evidente la importancia de mantener y acrecentar los ritmos de aplicación de los programas. Dentro de cada uno de los programas señalados se contemplan también actividades de capacitación que han mantenido una tendencia creciente en el tiempo (Figura 3.40). Entre 1997 y 2000 fueron capacitadas 7 878 personas (Cuadro III.3.4.2).

Considerando que las tierras de temporal son las más degradadas en el país, desde hace más de 20 años se desarrolla el programa de Distritos de Temporal Tecnificado (DTT, también llamados Distritos de Drenaje). Se trata de regiones con dicha forma de producción agrícola localizadas en zonas de alta precipitación o bien en las cuencas medias y altas, que aportan grandes cantidades de sedimentos y que han sido objeto de obras hidráulicas para frenar la acción erosiva del agua.

 

 

 

 

 

Tradicionalmente, los DTT han dependido de manera importante de drenes, represas y bordos que encauzan la escorrentía; en la actualidad se da peso a los métodos biológicos. En el país existen 16 DTT establecidos por el poder federal más dos estatales (en Chiapas), que suman un total de 2.45 millones de hectáreas y benefician a 83 723 productores (Cuadro_II.2.1.6). Están concentrados a lo largo de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre de Chiapas y la península de Yucatán (Mapa_3.5). Desafortunadamente, porciones significativas de los DTT se encuentran en condiciones críticas de operación, no obstante que hoy en día se da mantenimiento a la infraestructura, la cual se descentraliza conforme se repara, para otorgarla a los usuarios, quienes reciben capacitación y recursos a fin de mantener el sistema en funcionamiento.

El programa de los DTT está orientado en gran medida a zonas de montaña, pero no se restringe a ellas. En atención a este ecosistema se han establecido algunos apoyos con la FAO para la identificación y delimitación de estas frágiles regiones.

Las zonas secas –otro ecosistema vulnerable– también han sido objeto de atención por diferentes instancias y programas. México fue el primer país en ratificar la Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación (CCD) en 1995, año en el cual ya se contaba con un Plan Nacional de Acción contra la Desertificación (PACD). Alrededor de esta bandera se congregaron diferentes instancias de gobierno, la comunidad internacional y la sociedad civil. A pesar de ello, diversas limitantes presupuestales han impedido implementar plenamente los objetivos del PACD, por lo que se ha decidido trabajar a través de otras iniciativas para ver cumplidas sus metas: el Piasre, por ejemplo, tiene programas especiales para la reconversión productiva en zonas áridas. Otras instancias han dado lugar a la lucha contra la desertificación a través de diferentes acciones (Tabla 3.2).

Residuos sólidos municipales (RSM)

El manejo de los RSM comprende las diferentes fases del ciclo: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición en algún sitio. Uno de los objetivos principales del manejo es la protección y el mejoramiento de la salud, a partir de reducir los riesgos de los seres humanos a lesiones, accidentes, molestias y enfermedades (véase_La basura_y_la_salud) originados por la exposición y el contacto con estos desperdicios. El manejo inadecuado de la basura no sólo causa la contaminación del suelo, también puede afectar a la atmósfera, las aguas superficiales y subterráneas, y el paisaje urbano y natural. La situación puede ser más grave cuando se constata que en algunas localidades la disposición final de residuos sólidos municipales y peligrosos se realiza de manera conjunta e indiscriminada.

Los riesgos al ambiente están relacionados de manera más importante con los tiraderos clandestinos dentro de las zonas urbanas o en los sitios de disposición final que no cuentan con los controles necesarios para manejar adecuadamente los RSM. De tal manera se favorecen el desarrollo y crecimiento de la fauna nociva y el escape de agentes contaminantes al ambiente. Cuando se presentan los casos anteriores, se produce contaminación del agua, suelo y aire, debido principalmente a la fuga de biogás y lixiviados (véase_Definiciones). El manejo de los RSM en México fue inadecuado por mucho tiempo, y todavía no se alcanza la incorporación de técnicas modernas para la solución de este problema a nivel nacional. Aún es frecuente que los residuos se viertan sobre depresiones naturales del terreno, muchas de ellas derivadas de la erosión. Debido al crecimiento de la población y al incremento en la generación de basura por habitante, el problema se complica conforme más tiempo pasa sin encontrar soluciones.

La mejor solución para la disposición final de los RSM es el diseño y la construcción de rellenos sanitarios (véase_¿Cómo_se_dispone_la_basura?). México ha logrado un enorme avance en el establecimiento de estas instalaciones. En seis años su número se duplicó al pasar de 30 a 64, mientras que los sitios controlados pasaron de 61 a 13 (Cuadro III.6.1.6).

También se registran avances importantes en el sistema de recolección. En el ámbito nacional, los servicios de recolección que recibían el 70% del volumen total generado en 1997, lograron captar el 77% en 1998 y 84.63% en 2001 (Figura 3.42, Cuadro III.6.1.8).

Así como existen diferencias en la generación de residuos entre las ciudades y el campo, la disposición final de éstos también es característica del grado de urbanización: mientras que en las zonas rurales el acceso a los rellenos sanitarios es muy reducido, en las ciudades es la norma (Cuadro III.6.1.9).

Sin embargo, a pesar del avance en la construcción de infraestructura para la disposición de residuos, el país aún no posee la capacidad para disponer en forma adecuada de la totalidad de los residuos sólidos municipales que se generan. En 2001, la capacidad instalada de los rellenos sanitarios y de los sitios controlados en el país fue de tan sólo el 60% de la producción estimada de residuos sólidos municipales. En ese mismo año, cerca 12 142 000 de toneladas de residuos sólidos se depositaron en sitios no controlados.

Una de las opciones más atractivas en el manejo de residuos es el reciclaje, proceso mediante el cual los residuos son reincorporados como materia prima al ciclo productivo. Los beneficios ambientales de este proceso son la reducción del volumen de los desechos, la disminución de riesgos de contaminación y la liberación de la presión por la demanda de recursos naturales, tales como la madera que se emplea para fabricar papel. El reciclaje es más redituable cuando los desperdicios se componen de materiales cotizables, limpios y disponibles en grandes cantidades. Por ahora sólo las fuentes comerciales e industriales producen basura con dichas características. La separación obligatoria de materiales reciclables a escala domiciliaria e institucional incrementaría sustancialmente la base de residuos susceptibles de ser reciclados. Proyectos de esta naturaleza se han implementado de forma exitosa en numerosos países.

No todos los residuos sólidos pueden ser reciclados. Del total generado en México, el 71.3% no puede reincorporarse a la cadena productiva, sólo un 2.4% se recupera en los sitios de disposición final y el 26.3% restante es potencialmente reciclable (aunque no se le da uso o bien es recuperado antes de llegar a los vertederos). Debido a que no se tiene ningún informe sobre lo que se separa en diversas fuentes de generación ni de lo recuperado en contenedores y vehículos de recolección, la cifra del reciclaje sólo puede ser estimada en alrededor de 8 a 12%. Los materiales considerados como reciclables son: productos de papel, textiles, plásticos, vidrios y metales (aluminio, ferrosos y otros no ferrosos).

De cada uno de estos productos la proporción que se recupera en los sitios de disposición final es muy baja. Mientras que en el caso de los textiles la proporción recuperada es de 0.01%, en el del papel, cartón y otros productos afines es de 3.23%. Estos últimos son los materiales que se reciclan en mayor porcentaje (Figura 3.43, Cuadro III.6.1.11). Cabe mencionar que dichas proporciones de reciclaje son estimaciones realizadas hace más de diez años. La situación de los RSM puede haberse modificado sustancialmente desde entonces, a juzgar por los cambios que han sufrido los volúmenes de basura.

Residuos peligrosos (RP)

En razón de los graves efectos que estos residuos tienen en el medio ambiente y la salud, la gestión en torno a los RP cuenta con numerosos instrumentos. Desde el punto de vista legal, la multitud de ámbitos en los cuales se encuentran involucrados este tipo de desechos se refleja en la convergencia de al menos nueve leyes y reglamentos (véase_Residuos_peligrosos:_marco_legal). En nuestro país, la regulación y el control tanto del manejo de los materiales y residuos peligrosos como de las actividades altamente riesgosas está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de dos órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como de otras secretarías con competencia en la materia, entre las que destacan: la Secretaría de Salud (SS), de Trabajo y Previsión Social (STPS), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), en lo que concierne a los plaguicidas.

La Semarnat promueve programas tendientes a prevenir y reducir la generación de residuos peligrosos, así como a estimular su manejo adecuado que puede constar de alguno de los cinco procesos: reuso, reciclaje, tratamiento, incineración y confinamiento (véase_Cinco_formas_de manejo), a los que hay que sumar el almacenamiento temporal y el transporte. Los dos primeros procesos siempre son preferibles sobre los otros, pues siguen la lógica de emitir la menor cantidad de contaminantes al ambiente

La Semarnat cuenta con el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Cenica) para diseñar políticas en materia de gestión de los RP. Este centro genera información técnica y científica fundamental en la toma de decisiones de las autoridades ambientales para fortalecer la capacidad de respuesta de funcionarios y técnicos mexicanos en las áreas de calidad y contaminación atmosféricas y manejo y tratamiento de residuos peligrosos. Uno de los resultados del Cenica es el Programa de Gestión Ambiental de Sustancias Tóxicas Prioritarias, en el que se resumen las competencias y legislaciones nacionales al respecto, así como las actividades que se realizan en la materia para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por México en distintos foros. Otro resultado es el Programa para la Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en México 1996-2002, en el que se describen las grandes líneas estratégicas, proyectos y acciones a desarrollar en este campo.

En el marco legal, la base fundamental es el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de noviembre de 1988). El reglamento establece que quienes generen o manejen residuos peligrosos deberán contar con autorización de la Secretaría y con una manifestación de impacto ambiental, inscribirse y rendir informes al registro correspondiente y seguir una serie de lineamientos detallados para evitar que el mal manejo genere problemas de contaminación. Estos últimos están detallados en un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas que se desprenden de la misma ley (Recuadro IV.2.4).

Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.

A través de la Subprocuraduría de Verificación Industrial, la LGEEPA tiene como atribuciones vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la prevención y el control de la contaminación ambiental generada por RP, así como de las medidas de prevención, control, mitigación, restauración o compensación señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias derivadas de la legislación en materia de prevención y control de la contaminación, impacto ambiental y actividades altamente riesgosas.

Al iniciar actividades en 1992, la Procuraduría realizaba en promedio más de 12 000 visitas de inspección y verificación por año en todo el país. El número de visitas de inspección se ha venido reduciendo a partir de 1998 debido a la implementación del Sistema de Índices de Cumplimiento de la Normatividad Ambiental.

La calidad y complejidad de la información recabada a través de este instrumento permiten incrementar la eficiencia de la Procuraduría. La meta actual es de 7 600 visitas de inspección o verificación por año (Recuadro IV.3.2.2). En dichas inspecciones se puede notar que la proporción de irregularidades leves es mucho mayor a la de clausuras, tanto en empresas particulares como paraestatales (Figura 3.44, Cuadro_IV.3.2.3 y IV.3.2.6).

Además del programa de inspección y verificación, la Profepa contempla en su artículo 38 la autorregulación y las auditorías ambientales como instrumentos de la política ambiental. Se trata de mecanismos legalmente aprobados para apoyar y reconocer los esfuerzos voluntarios que las personas físicas o morales llevan a cabo a fin de lograr el cumplimiento de la legislación ambiental e inclusive ir más allá de lo establecido en ella. Las industrias cuyas actividades en defensa del ambiente sean excelentes son certificadas; esto podría convertirse en la base para el establecimiento de una política de apoyo a las industrias "verdes" por parte del público consumidor (Recuadro IV.3.2.3).

Como resultado de las actividades orientadas a lograr el cumplimiento de la legislación aplicable, se creó una demanda de servicios de manejo de residuos peligrosos y el número de prestadores se ha venido incrementando en los últimos años. En 2000 y 2001 se registraron 161 nuevas empresas, que para 2001 sumaban ya alrededor de 700. La mayoría de éstas se localizan en Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal. El único estado que carecía de infraestructura registrada fue Zacatecas. El reciclaje y el tratamiento constituyen las dos formas de manejo de los RP que son atendidas por un mayor número de empresas. En términos de la capacidad instalada se observa el mismo patrón. En 2001 la capacidad reportada para el tratamiento de RP registró un incremento notable (Figura 3.45, Cuadros III.6.2.5, III.6.2.6, III.6.2.7 y III.6.2.8).

La principal fuente para el reciclaje la constituyen los lubricantes, que pueden ser vueltos a usar o bien emplearse como combustibles. A esto se le conoce como reciclaje energético (Figura 3.46).

En la actualidad se estima que la capacidad instalada total para el tratamiento de RP sobrepasa las 5.2 millones de toneladas (Semarnat, 2002). El total por rubro sólo se puede calcular en forma aproximada a partir de la capacidad reportada en 1999 y de las empresas que han solicitado su registro desde entonces, pero la suma no debe considerarse como una estimación exacta, ya que algunas empresas pudieron haberse dado de baja u operar sin notificación.

La Figura 3.47 (Cuadros_III.6.2.1, III.6.2.2, III.6.2.3, III.6.2.4, III.6.2.6, III.6.2.7 y III.6.2.8) muestra la relación entre los diferentes componentes del ciclo de los RP y las incógnitas en torno a ellos en 2000.

Gracias a la capacidad creciente que hay en el país para el tratamiento, la diferencia entre la generación y el manejo de los RP se va acortando. Sin embargo, se estima que sólo un 10% de los desechos recibe un tratamiento adecuado. El resto puede ser simplemente descartado sin control alguno o bien cruzar las fronteras internacionales para su administración.



El Sistema de Rastreo de Residuos Peligrosos (Sirrep) tiene como objetivo generar información que coadyuve en el control y rastreo de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, así como en la identificación del manejo adecuado de dichos residuos y el cumplimiento de la ley por parte de las empresas involucradas. Hoy en día se utiliza el Sirrep en combinación con el programa Haztraks de los Estados Unidos. En la actualidad los movimientos internacionales de RP constituyen sólo una pequeña fracción del total (Figura 3.47).

En cuanto al tema de residuos biológico-infecciosos, la mayoría de los hospitales no cuenta con infraestructura para tratar los que generan. Sólo en el Distrito Federal, Puebla y Sonora se da este caso. Por ello, la mayor parte de los sanatorios deben contratar el servicio externo (Cuadro_III.6.2.9). Por lo general a estos residuos se les aplica un tratamiento térmico, ya sea incineración o esterilización o bien se almacenan (Cuadro_III.6.2.9). Se estima que la capacidad instalada actualmente es suficiente para tratar todos los residuos biológico-infecciosos generados en México, contando con un excedente del 9% (Semarnat, 2002).

En torno a las sustancias tóxicas destaca la instrumentación de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), que permite la coordinación interinstitucional para atender las múltiples dimensiones del problema que representan los materiales peligrosos; cabe señalar que, en sus estrategias, incluye la participación de la iniciativa privada. Las acciones de la Cicoplafest están enfocadas ante todo a la atención del problema de salud relacionado con el uso de dichas sustancias y se apoyan en la Ley General de Salud, como un instrumento básico en la materia, y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal para el Manejo Adecuado de Plaguicidas y Fertilizantes en la Agricultura y Medidas Fitosanitarias. Asimismo, la comisión incorpora criterios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La principal actividad actual de la Cicoplafest es la atención al usuario en lo relativo a la emisión de registros y autorizaciones de importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

1 El Programa de Seguimiento y Control de Utilización de Terrenos Forestales se discute en detalle en Cambios de uso del suelo autorizados en el capitulo 2.

Referencias

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